La Amazonia enfrenta una presión creciente por la deforestación, la minería ilegal, el tráfico de especies y otras economías ilícitas, en un contexto marcado por la elección presidencial de Brasil del 4 de octubre de 2026. El resultado definirá el rumbo de las políticas de protección ambiental en el país que concentra más de la mitad de este bioma.

El desafío no se limita a Brasil. La Amazonia se extiende por nueve países y sus alteraciones pueden afectar la biodiversidad, los ciclos de lluvia, las comunidades indígenas y la estabilidad ambiental de amplias regiones del planeta.

Una región estratégica bajo presión

Con una extensión aproximada de 8.4 millones de kilómetros cuadrados, la Amazonia reúne una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo. Sin embargo, la expansión agrícola y ganadera, las concesiones mineras, las carreteras, las hidroeléctricas y los incendios asociados con el acaparamiento de tierras han aumentado la presión sobre la selva.

A estos problemas se suman mercados ilegales vinculados con la producción y el tránsito de cocaína, la extracción clandestina de oro, la tala de madera, el tráfico de animales y plantas, así como la trata de personas. La limitada presencia estatal en amplias zonas facilita la operación de grupos delictivos con acceso a armas y sistemas de comunicación especializados.

La minería ilegal del oro destaca por su escala y por los mecanismos utilizados para incorporar el metal a los circuitos formales de exportación. Sus actividades también afectan los ríos, los territorios indígenas y las condiciones de vida de las comunidades que dependen de la selva.

El factor electoral

La contienda presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro ha colocado el futuro de la Amazonia en el centro del debate nacional. Las propuestas de ambos representan visiones distintas sobre el papel del Estado, la explotación de recursos naturales y las medidas para contener la deforestación.

Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2023, se amplió la frontera agrícola y persistieron las críticas por la falta de control frente a la minería ilegal. En contraste, las administraciones de Lula da Silva han impulsado medidas de defensa ambiental y una mayor coordinación entre los países amazónicos.

La preservación de la selva requiere cooperación entre Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Sin acuerdos regionales, las acciones contra las economías ilegales y la deforestación pueden quedar limitadas por la falta de coordinación entre gobiernos.

El resultado electoral del 4 de octubre, y una eventual segunda vuelta prevista para el 25 de octubre si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, tendrá consecuencias que rebasan las fronteras brasileñas. La protección de la Amazonia dependerá de la capacidad del próximo gobierno para enfrentar los mercados ilegales y equilibrar la actividad económica con la conservación del ecosistema.