El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, afirmó el martes 6 de octubre de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no mantiene una investigación contra el empresario Amílcar Olán, durante su comparecencia ante el Senado de la República.
La declaración ocurrió después de que la senadora Mayuli Martínez Simón, del PAN, cuestionara al funcionario por señalamientos relacionados con presuntos contratos públicos, operaciones de huachicol fiscal y una supuesta cercanía entre Olán y Andy López Beltrán. Las acusaciones fueron planteadas durante el análisis del segundo informe de Gobierno.
Amador Zamora explicó que la UIF actúa conforme a procesos judiciales y administrativos, y que atiende las solicitudes de la Fiscalía General de la República y de otras instituciones facultadas. También sostuvo que los expedientes de la unidad están documentados y que no existe, en ese momento, una investigación de la Fiscalía en ese sentido.
Durante la comparecencia, Martínez Simón atribuyó a Olán presuntos vínculos con negocios relacionados con medicamentos, balasto para el Tren Maya, Petróleos Mexicanos y contrabando de combustibles. La legisladora mencionó contratos que, según sus señalamientos, alcanzarían hasta 33 mil 500 millones de pesos y preguntó si existían acuerdos vigentes con el empresario o con empresas relacionadas con él.
El secretario no confirmó esas acusaciones ni señaló responsabilidades legales. En cambio, centró su respuesta en las acciones institucionales contra la venta ilegal de gasolina y diésel, así como en los controles fiscales aplicados al sector de combustibles.
Amador Zamora informó que el Servicio de Administración Tributaria ha cancelado 22 mil 205 sellos para facturar a comercializadoras vinculadas con la venta ilegal de combustibles. Añadió que se implementaron controles automáticos en los comprobantes fiscales digitales por Internet para reforzar la supervisión.
También indicó que desde junio de 2026 se establecieron medidas para que únicamente operen empresas con permisos vigentes de la Secretaría de Energía. Estas acciones, dijo, se realizan en coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía.
La comparecencia dejó planteadas dos posiciones: mientras la oposición pidió aclaraciones sobre los señalamientos contra Olán y posibles contratos públicos, Hacienda sostuvo que no existe una investigación de la UIF contra el empresario en los términos cuestionados. Cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante las instancias competentes y con base en investigaciones formalmente acreditadas.
