El Senado analiza una iniciativa del senador Jorge Carlos Ramírez Marín para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes utilizados para pedir dinero, vender productos, limpiar parabrisas o realizar actos de destreza en cruceros, semáforos, camellones y otras vialidades del país.

La propuesta busca modificar el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el objetivo de corregir dificultades interpretativas que pueden obstaculizar la acreditación de casos de explotación de la mendicidad ajena.

La iniciativa plantea eliminar una barrera probatoria

Ramírez Marín, senador del Partido Verde Ecologista de México, señaló que detrás de algunos menores que trabajan en la vía pública puede haber personas adultas que obtienen un beneficio económico, administran los puntos, fijan horarios y recogen lo recaudado.

De acuerdo con el legislador, la legislación vigente puede interpretarse de manera que exige demostrar que la víctima actuó contra su voluntad mediante amenaza, fuerza, engaño o coacción. Esa exigencia, sostuvo, puede dejar fuera casos en los que niñas, niños o adolescentes obedecen a una persona que ejerce autoridad sobre ellos.

“El problema que esta iniciativa atiende no es la ausencia de tipo penal ni la levedad de la punibilidad. El tipo existe y la pena, tratándose de personas menores de edad, es severa”, afirmó el senador. Agregó que la dificultad se encuentra en la construcción técnica del tipo penal y en la forma en que se interpretan sus elementos.

Protección reforzada para niñas, niños y adolescentes

La iniciativa propone que, cuando las víctimas sean menores de 18 años, no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o no puedan resistir la conducta, no sea necesario acreditar los medios de exigencia probatoria que actualmente pueden beneficiar a quienes las explotan.

El planteamiento busca establecer un tratamiento similar al previsto en otros delitos de explotación cometidos contra personas menores de edad. La finalidad es que la investigación se concentre en la conducta de quien obtiene un beneficio de la utilización del menor y no en exigir a la víctima pruebas sobre la amenaza o la coacción ejercida en su contra.

El senador consideró que una niña o un niño puede no oponer resistencia porque se encuentra bajo la autoridad, dependencia o control de la persona que lo coloca en la vía pública. Por ello, sostuvo que la falta de resistencia no debe interpretarse como una decisión libre de participar en la actividad.

El problema detrás de los cruceros y semáforos

La discusión legislativa se enfoca en una práctica visible en distintas ciudades: menores que permanecen entre vehículos para pedir dinero, vender mercancías, limpiar parabrisas o realizar actos de destreza. La iniciativa plantea que, en una parte de estos casos, no sólo existe una situación familiar de pobreza, sino también posibles esquemas de vigilancia, administración y aprovechamiento económico.

El análisis de la propuesta continuará en el Senado conforme al procedimiento legislativo correspondiente. Mientras tanto, el debate coloca en el centro la responsabilidad de las autoridades para prevenir la explotación infantil y fortalecer la protección de las víctimas.