Familiares de las víctimas del Casino Royale solicitaron medidas de protección a autoridades estatales y federales luego de conocer la liberación bajo protesta de José Alberto Loera Rodríguez, alias “El Voltaje”, y Héctor Javier Montoya Chávez, conocido como “La Rana”, relacionados con el ataque ocurrido en Monterrey, Nuevo León, en 2011.
Integrantes del colectivo 52+2 acudieron este jueves 8 de octubre de 2026 a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para entregar un posicionamiento y exigir información oficial sobre la situación jurídica de ambos hombres. Las familias señalaron que se enteraron de la resolución mediante publicaciones periodísticas y no por una notificación institucional.
Durante la lectura del documento, los deudos afirmaron que desconocen los fundamentos de la resolución, la autoridad que la emitió y si los involucrados permanecen sujetos a otros procesos penales. Por ello, pidieron acceso a la información relacionada con los expedientes y una explicación documentada sobre el alcance de la medida.
La vocera del colectivo, Samara Pérez Muñiz, sostuvo que la falta de información afecta los derechos de las familias a la verdad, al acceso a la justicia y a una participación efectiva en los procedimientos relacionados con el caso.
“Exigir la verdad y la justicia no debería exponernos a represalias”, expresó la vocera del colectivo 52+2.
Los familiares también solicitaron garantías de seguridad para quienes integran el colectivo, al considerar que han mantenido una exposición pública constante durante más de una década de exigencias judiciales y de búsqueda de información sobre el ataque.
La resolución de libertad corresponde a un proceso federal relacionado con José Alberto Loera Rodríguez y Héctor Javier Montoya Chávez. Sin embargo, las familias señalaron que aún debe aclararse si ambos enfrentan otros procesos o si continúan sujetos a alguna autoridad judicial.
El ataque contra el Casino Royale ocurrió en Monterrey el 25 de agosto de 2011 y dejó 52 personas fallecidas, de acuerdo con los antecedentes del caso y con la referencia del colectivo 52+2. A 15 años de los hechos, los familiares mantienen abierta su exigencia de verdad, justicia y participación en los procedimientos.
Los manifestantes solicitaron una reunión con el fiscal general de Nuevo León para conocer directamente el alcance de la resolución y las acciones que seguirán las autoridades.
